Sobre el Gran Plaza

Guerra en Almería por los centros comercialesEl Ayuntamiento de Roquetas considera que la Junta persiguió el cierre de una gran superficie para favorecer a otra en El EjidoCARMEN LOPEZ

ALMERIA.- Una sentencia que obliga al cierre del único centro comercial de Roquetas de Mar (Almería) ha abierto la caja de los truenos en este municipio contra el Gobierno de Manuel Chaves. La Junta nunca aceptó la construcción del parque comercial, abierto desde hace seis años, y persiguió en los tribunales su ilegalidad, ahora obtenida. Para ello, fue de la mano del otro gran centro comercial de la zona y rival, Hipercopo, formado por cerca de 200 comerciantes de El Ejido, al que la Administración Chaves colmó de ayudas y facilidades en su día para lograr su apertura en 1995. Ahora se ha sabido que entre sus accionistas figura el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Juan Callejón, principal valedor del cierre de la competencia en Roquetas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló a mediados del pasado mes de octubre la licencia para la apertura del centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar, promovida por General de Galerías Comerciales, propiedad del empresario Tomás Olivo, implicado actualmente en la operación Malaya. El fallo ha provocado la reacción social de Roquetas contra la Junta de Andalucía por considerar que está perjudicando los intereses comerciales de este municipio a favor de El Ejido, donde el PSOE colabora en el gobierno del tránsfuga del PP Juan Enciso, y otros municipios próximos como Vícar, donde gobiernan los socialistas.

La historia se remonta al año 2000, cuando General de Galerías solicitó al Consistorio roquetero la licencia de actividad para implantar un parque comercial y de ocio en el municipio. El Ayuntamiento dio trámite a la licencia, remitiendo a la Consejería de Economía y Hacienda el expediente para que emitiera un informe, que ya entonces fue desfavorable. Sin embargo, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), aprobó su concesión por decreto, al que posteriormente se sumó el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en marzo de 2000 con el apoyo unánime de populares y socialistas.

Posteriormente, la Consejería de Economía -de la que entonces estaba al frente la actual ministra de Fomento, Magdalena Alvarez- emitió una resolución desfavorable a los intereses de General de Galerías en mayo de 2000. Los argumentos esgrimidos apuntaban a un informe en el que se decía que no existía déficit comercial en la localidad de Roquetas de Mar.

Más tarde, EL MUNDO desveló que dicho informe no se realizó hasta seis meses después, por lo que la decisión fue recurrida por el Ayuntamiento. También se supo que la negativa a la apertura del Gran Plaza se decidió en una reunión en la que, según algunos de sus asistentes -entre ellos, miembros del PSOE de Roquetas de Mar- «se liquidó el asunto en apenas cinco minutos», y sin debate.

Además, la Junta fijó el déficit comercial de Roquetas en 53 millones menos de euros que los estimados por el Ayuntamiento y basó ese cómputo en un censo de población no coincidente con el que manejaba el Consistorio. Sin embargo, la administración autonómica sí autorizó la puesta en funcionamiento de otro centro comercial a pocos kilómetros, en Vícar -gobernado por el PSOE-, donde, ya en marzo de 2000, se habían cerrado acuerdos con dos sociedades mercantiles para promover y explotar un parque comercial y de ocio que después logró el visto bueno de la Junta. Ése es uno de los agravios que denuncian los trabajadores de la gran superficie de Roquetas (más de 3.500), cuyo puesto de trabajo se ve ahora amenazado. El otro, es el argumento del déficit comercial: mientras para el Gran Plaza el informe de la Consejería de Economía ha sido decisivo, para el Hipercopo -el centro comercial de El Ejido- no sólo no ha sido clave sino que ni siquiera se ha considerado.

Hipercopo y la Junta de Andalucía interpusieron un contencioso contra la apertura del Gran Plaza. El presidente regional, Manuel Chaves, y el delegado del Gobierno de la administración autonómica, Juan Callejón, afirmaron de manera tajante que si Amat no procedía al cierre del complejo lo haría la Junta.

Según ha podido saber este diario, Callejón entró a formar parte como accionista de la sociedad titular de Hipercopo en el año 1996. El alto cargo de la Junta suscribió 56 acciones del centro comercial ejidense, por un valor total de 42.000 euros. Diez años después, él mismo está defendiendo públicamente en Almería el cierre del centro comercial de Roquetas de Mar.

Su presencia en el accionariado de Hipercopo ha desempolvado ahora las facilidades y ayudas que obtuvo el hipermercado para su apertura en El Ejido en la Navidad de 1995, hasta el punto de que la administración autonómica permitió la obra en una parcela de suelo rústico.

Tanto el Ayuntamiento de El Ejido como la Junta de Andalucía consideraron que la crisis del sector del pequeño y mediano comercio en El Ejido requería que esta sociedad, compuesta por más de 200 comerciantes ejidenses, fuera declarada de interés social, lo que se decreta, entre otras cosas, porque sus miembros esgrimen la importancia de aglutinar en él al sector comercial local y evitar que una empresa extranjera llegara a la zona. Es entonces cuando se procede a recalificar el suelo y se permite a Hipercopo construir su centro comercial.

Sin embargo, a los pocos meses, se intentó la venta del supermercado a la compañía Pryca (ahora Carrefour). La Junta, de nuevo, les facilita la operación de venta en la que se presume un pelotazo millonario, pero es abortada por sentencia judicial, incluso después de cerrar el acuerdo con la gran superficie de capital francés. En aquel momento, el Gobierno Chaves ya les había otorgado ayudas por valor de 80 millones de las antiguas pesetas.

La historia del centro comercial Gran Plaza está llena de contradicciones. La primera de ellas es la que apunta a que la Junta negó el permiso de apertura al complejo comercial y, sin embargo, sí otorgó las licencias a los comercios que se instalaron en él e, incluso, a los aparcamientos. También la logró Eroski, el supermercado instalado en el centro.

En los últimos días, se han aireado algunos escándalos en torno al centro comercial de Roquetas de Mar. Además de un litigio por un exceso de edificabilidad, se critica que el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recalificara una finca de su familia para que pudiera construirse en ella el complejo. Fue en 1990 cuando Amat, siendo concejal del Grupo Mixto del Consistorio roquetero, adquirió una finca rústica en la localidad; el terreno pasó a formar parte de una sociedad con otros familiares en 1992 y quedó recalificada como urbanizable en el año 1997.

Amat no llegó a la Alcaldía del Ayuntamiento hasta 1996, pero la administración andaluza, en esta lucha a cara de perro por los centros comerciales, da por hecho que conocía que llegaría a ser alcalde de la localidad con seis años de antelación.

En definitiva, Roquetas está que trina con la Junta y El Ejido con Roquetas.

 

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